América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030
La constitución del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en el III Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en el 2018 fue un avance importante pero no ha sido suficiente para que se cambie la metodología y espíritu del Foro para asegurar el diálogo entre representantes de gobiernos y representantes de sociedad civil de manera significativa. Los Estados de América Latina y el Caribe siguen lejos de cumplir con los objetivos establecidos por la Agenda 2030, sin embargo siguen evadiendo escuchar desde la sociedad civil dónde están las brechas que se deben atender para poder avanzar.
Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región sufre el estancamiento económico – e incluso el estancamiento de la disminución de la pobreza – , y el retroceso del crecimiento y de la distribución, el aumento exorbitante de la deuda externa, la profundización de políticas económicas de austeridad fiscal y regresivas, que concentran riqueza en unos pocos; el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización; los altos índices de corrupción en un entorno de impunidad; la violación de los derechos con el aumento de las tendencias autoritarias, la persecución y criminalización de defensoras/res de derechos humanos, económicos, sociales, ambientales, culturales y laborales, y la represión y criminalización de la protesta ciudadana.
Esa realidad es grave y, si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los ODS, ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030. La pandemia, que implica un cambio total en la vida de todas las personas y sus relaciones (inclusive con la naturaleza), profundiza las desigualdades, el deterioro económico y evidencia el desmantelamiento sistemático de inversión registrada en los sistemas públicos de salud y educación, y en la protección social. Es también una oportunidad para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y reconocer la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos como políticas de estado. Vivimos una crisis cuyo impacto no podemos aún dimensionar. Pero tenemos esperanza de superarla a partir de un diálogo horizontal y transparente, y de la puesta en marcha de transformaciones políticas, sociales y un cambio en el modelo de desarrollo.
Nuestras propuestas son:
1– Fortalecer nuestros sistemas democráticos y enfrentar la crisis del nuevo coronavirus desde una perspectiva de derechos humanos, estableciendo políticas económicas progresivas, con sistemas que garanticen las medidas de prevención, como el distanciamiento social. Para eso se necesitan estrategias nacionales que incorporen de manera efectiva a los actores no gubernamentales, movimientos sociales y laborales, particularmente a las organizaciones de la sociedad civil y poblaciones más vulnerabilizadas, y que incluyan la implementación de sistemas fiscales progresivos, equitativos y transparentes, así como mecanismos para evitar la evasión y elusión de impuestos y la opacidad, y el endeudamiento de los países. Promover el trabajo decente, así como políticas de proteccion social , evitar el desempleo, reducir la Informalidad laboral y el quiebre de las pequeñas y medianas empresas, y mecanismos para garantizar una renta mínima a la población más vulnerable, al menos en momentos de crisis como los que vivimos, evitando un mayor aumento de la pobreza. Hoy más que nunca el “no dejar a nadie atrás” depende de lograr un modelo de desarrollo que nos contenga a todxs y que, sin privilegios, permita que todos los sectores de la sociedad contribuyan con equidad.
2– Frenar la violencia generalizada, principalmente hacia la niñez, la adolescencia, las juventudes, las personas mayores, las mujeres, la población LGBTQI+, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, trabajadores/as (inclusive trabajadores/as sexuales), las personas con discapacidades y las personas viviendo con o afectadas por el VIH/Sida. La única respuesta posible es generar un ambiente en donde la cooperación y la solidaridad, en el marco de la Agenda 2030, cuente con adecuadas capacidades, marcos normativos y recursos estatales definidos para enfrentarlos.
3– Real énfasis en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos asegurando el bienestar de toda la población, con leyes y políticas que atiendan las necesidades y aseguren la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Nunca fue tan importante contar con respuestas integrales y coordinadas, que refuercen el anclaje territorial de las políticas para ampliar su cobertura, pertinencia y efectividad, al tiempo que den respuesta a las múltiples necesidades y demandas de todas las personas, en toda su diversidad y en todas las etapas de su ciclo vital.
4– Implementar acciones concretas basadas en datos desagregados, para planear respuestas bajo la perspectiva de la interseccionalidad e interculturalidad, así como programas y servicios para la reducción de las desigualdades que nos beneficien a todxs. Especialmente cuando la CEPAL ha advertido que el número de pobres en la región pasaría de 185 a 220 millones y que la pobreza extrema ascendería de 67,4 a 90 millones de personas en el contexto del coronavirus.
5– La crisis exige poner al Estado como un eje de desarrollo fundamental para terminar con el hambre y reducir la pobreza, garantizando un piso de protección social universal, el trabajo decente,
la salud pública gratuita y de calidad, así como la educación pública laica, gratuita, inclusiva y a lo
largo de toda la vida. La crisis sanitaria nos muestra el punto de inflexión sobre la desidia y ausencia
de las políticas públicas y la supremacía del mercado desregulado en la producción y distribución de
la riqueza y la depredación de nuestro ambiente en beneficio de intereses económicos privados.
6– Exige contener el avance de la influencia creciente de fundamentalismos religiosos y de toda índole en los espacios políticos, incluyendo en la salud y la educación, que niegan evidencias científicas y políticas informadas, promueven desigualdades, fomentan el odio, la heternorma, la cisnorma y dificultan la implementación políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de derechos, como la educación integral en sexualidad y otras políticas que defienden y apoyan la autonomía sexual y la emancipación de las poblaciones mayormente marginalizadas.
7– Exige que se ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y garanticen una vejez digna; que se adopte el Programa de Acción del Decenio de la OEA; el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la aplicación de las Directrices de la Tierra sobre Seguridad Alimentaria Mundial (ONU); que se agilice un plan para implementar la Década de la Agricultura Familiar y los Derechos de los Campesinos de la ONU y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes; que se ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y que atiendan a las demandas del Foro Político de Alto Nivel 2019 y del Foro de Juventudes ALC 2030.
8– Exige compromiso financiero, político y legal para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030, especialmente que el derecho a la salud sea realidad para todas las personas y garantizar el pleno cumplimiento de la meta 3.8. “Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas." Es un deber ético y humanitario considerar a todos los colectivos más vulnerables frente al COVID-19, cómo son las personas migrantes, desplazadas y refugiadas, las personas viviendo con VIH/SIDA y enfermedades crónicas, con discapacidad, trabajadores con pago diario imposibilitados de trabajar ( incluidas trabajadoras/es sexuales ), trabajadores y trabajadoras de la salud, cuidadoras (en su mayoría mujeres) y de los servicios esenciales, los pueblos indígenas, afrodescendientes, las niñas y niños y muy especialmente a las personas adultas mayores. Hay que dar atención también a la situación de las mujeres, niñas y LGBTIQ+ con el aumento del riesgo de padecer todas formas de violencia de género por la cuarentena forzosa.
9- Implica exigir que los compromisos asumidos por la cooperación internacional para el desarrollo y en particular la cooperación Sur-Sur, entre los países desarrollados y los de renta media o baja se revisen, y se activen para responder de manera efectiva al actual escenario de crisis generalizada en la región, sin abandonar los Objetivos de la Agenda 2030 y apoyando la participación de la sociedad civil.
Es hora de un nuevo Pacto con justicia socioambiental y económica para los pueblos de América Latina y el Caribe, que promueva un desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, impulse a los Estados a la acción, en concurso con las organizaciones de la sociedad civil, para resurgir de esta pandemia con nuevos modelos de desarrollo y un paradigma basado en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todos y todas.
Mayo, 2020
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